Hasta abril de 2022, el incremento de renta de los alquileres se regía en función del IPC, según la LAU. Sin embargo, tras el inicio del conflicto bélico en Ucrania, el IPC alcanzó una media del 8,4 % en 2022, por ello, el Gobierno adoptó esta medida con el fin de amortiguar el impacto de la excesiva subida de precios a los inquilinos.

A priori, se trataba de una medida excepcional de corta duración (inicialmente, 3 meses) pero posteriormente, se amplió hasta el 31 de diciembre de 2023. Además, el 26 de mayo del pasado 2023, entró en vigor la nueva Ley de Vivienda, en la que se fija un incremento máximo de la renta del 3 % durante 2024.

Por tanto, durante 2024, a un inquilino con un contrato de arrendamiento regulado por la LAU se le podrá aplicar un incremento máximo del 3 % sobre la renta de alquiler, salvo que se pacte lo contrario en el contrato de arrendamiento.

Por ejemplo, si hasta la fecha, tras la correspondiente subida de renta en 2023, el inquilino abona de renta 1.200 €, ésta podrá llegar a incrementarse hasta un máximo de 36 € (3 % de 1.200 €), llegando a pagar 1.236 € mensuales.